BOGOTÁ — En Colombia, el peligro para un periodista no comienza necesariamente cuando publica una investigación. A veces empieza antes: con una llamada anónima, una advertencia transmitida por terceros, una campaña de señalamiento en redes sociales o una orden implícita de no volver a tocar determinado tema. En las regiones donde convergen grupos armados, intereses políticos, economías ilegales y poderes locales, ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo.
Las cifras más recientes muestran que el problema no pertenece únicamente al pasado violento del país. Entre agosto de 2022 y julio de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, documentó 2.003 agresiones contra 870 periodistas en los 32 departamentos de Colombia. Diez periodistas fueron asesinados durante ese periodo.
Solo en 2025, la FLIP registró 469 agresiones contra 305 periodistas. Las amenazas representaron 192 casos, equivalentes al 41 % del total. Catorce periodistas tuvieron que desplazarse dentro del país y siete abandonaron Colombia buscando protección. Aunque el número global de agresiones disminuyó frente a 2024, la organización advirtió que la gravedad y las consecuencias de los ataques siguieron siendo especialmente severas.
El año anterior había dejado una señal todavía más inquietante. En 2024 se documentaron alrededor de 530 ataques contra periodistas y trabajadores de medios, incluyendo más de 200 amenazas, desplazamientos forzados, exilios, secuestros y tres asesinatos vinculados al ejercicio periodístico. La FLIP calificó ese año como el más crítico de la última década para la prensa colombiana.
Una mejora en el ranking que no elimina el riesgo
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, Colombia ocupa el puesto 102 entre 180 países, frente al 115 registrado en 2025. Pero esa mejora relativa no significa que ejercer el periodismo sea seguro. RSF continúa describiendo a Colombia como uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas, especialmente para quienes investigan corrupción, conflicto armado, medioambiente y vínculos entre estructuras políticas, económicas y criminales.
El indicador de seguridad de Colombia se sitúa en el puesto 114 de 180, mientras que el indicador económico ocupa el 105. RSF señala además que buena parte del territorio colombiano carece de una cobertura periodística local sólida, una debilidad que tiene consecuencias particularmente profundas fuera de las grandes ciudades.
El problema, por tanto, no se reduce a la posibilidad de sufrir un ataque. También consiste en determinar cuántos periodistas pueden seguir trabajando y cuántos medios pueden financiar investigaciones independientes sin depender excesivamente de poderes públicos, políticos o económicos.
El periodista local, el eslabón más vulnerable
La geografía del riesgo colombiano tiene una característica recurrente: quienes enfrentan las mayores amenazas suelen ser periodistas regionales.
Una investigación de la FLIP sobre medios locales encontró que el 24 % había recibido amenazas directas de actores ilegales y que otro 41 % evitaba cubrir determinados asuntos por miedo. Según esos datos, cerca del 65 % de los medios consultados trabajaba bajo alguna forma de presión o silenciamiento. Además, el 75 % aseguró que sus ingresos no alcanzaban para cubrir adecuadamente sus costos de operación.
Es una combinación particularmente peligrosa. Un periodista puede estar expuesto simultáneamente a un grupo armado, a un funcionario público sobre el que investiga, a una estructura económica que financia publicidad local y a una redacción sin recursos suficientes para ofrecerle protección jurídica o física.
En julio de 2026, cuatro periodistas de Apartadó, Antioquia, recibieron amenazas después de publicar información sobre presuntas irregularidades de un funcionario municipal. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, informó que los comunicadores fueron presionados para dejar de publicar sobre el asunto. Según datos citados por la organización, Antioquia acumulaba 45 casos de amenazas contra periodistas entre enero y comienzos de agosto.
Dos asesinatos registrados por UNESCO en 2026
La violencia extrema tampoco ha desaparecido.
UNESCO registró en 2026 los asesinatos de los periodistas colombianos Mateo Pérez Rueda y Cristian Hernando Herrera Nariño. Pérez Rueda, de 25 años y director del medio digital El Confidente, fue encontrado muerto en Antioquia después de haber estado cubriendo hechos de violencia e inseguridad en Briceño. UNESCO pidió una investigación y el esclarecimiento de su muerte.
Un mes después, el periodista Cristian Herrera fue asesinado en Cúcuta. Era editor de dos medios digitales locales y había trabajado anteriormente para La Opinión y Q’hubo Cúcuta. UNESCO volvió a reclamar una investigación que permitiera llevar a los responsables ante la justicia.
Los dos casos ilustran una vulnerabilidad histórica del periodismo colombiano: informar desde las regiones puede implicar enfrentarse directamente a actores que el periodista conoce, encuentra en su ciudad y, en ocasiones, denuncia sin contar con la protección institucional disponible para grandes medios nacionales.
Las elecciones añadieron otra capa de presión
El proceso electoral de 2026 también estuvo acompañado de un aumento documentado de obstáculos contra la prensa.
Entre el 1 de enero y el 23 de junio, la FLIP registró 79 agresiones relacionadas con la cobertura electoral, frente a 46 durante el proceso electoral de 2022. Las obstrucciones al trabajo periodístico se presentaron durante las elecciones legislativas y las dos vueltas presidenciales, incluyendo restricciones de acceso y dificultades para registrar hechos de interés público en puestos de votación.
Hasta mediados de mayo, la misma organización había registrado 150 agresiones contra la prensa en general durante 2026. De ellas, 44 estaban relacionadas directamente con la cobertura electoral. Entre las modalidades documentadas se encontraban amenazas, obstrucciones, estigmatizaciones, acciones arbitrarias en redes sociales y acoso.
La FLIP atribuyó cerca del 36 % de esos casos a presuntos responsables pertenecientes a instituciones o figuras públicas —incluyendo funcionarios, políticos y miembros de la Fuerza Pública— y señaló a actores armados en aproximadamente el 19 %. Estas cifras corresponden a casos documentados por la organización y no equivalen necesariamente a decisiones judiciales sobre responsabilidad individual.
Una censura que no siempre necesita cerrar un periódico
La censura contemporánea puede ser menos visible que la confiscación de una edición o el cierre de una emisora.
Puede consistir en conseguir que un periodista decida no publicar.
En una encuesta nacional realizada entre 569 trabajadores de medios y divulgada por la FLIP en 2025, periodistas describieron un entorno marcado por precariedad laboral, agotamiento, presiones institucionales y riesgos para su seguridad. La organización señaló posteriormente que el 62 % de los consultados manifestó que ese desgaste había contribuido a autocensurarse, abandonar determinados temas o contemplar la posibilidad de dejar la profesión.
Ese dato revela una dimensión menos cuantificable de la libertad de prensa. Un país puede mantener periódicos abiertos, canales transmitiendo y portales digitales funcionando mientras determinados asuntos dejan lentamente de investigarse porque hacerlo resulta demasiado peligroso, demasiado costoso o profesionalmente insostenible.
La batalla también es económica
La independencia periodística no depende únicamente de la ausencia de amenazas.
Depende también de que existan redacciones capaces de pagar periodistas, financiar investigaciones y sobrevivir sin quedar subordinadas a un único anunciante, gobierno local o grupo empresarial.
RSF advierte que el mercado informativo colombiano continúa altamente concentrado y que el periodismo de proximidad presenta profundas debilidades. La FLIP, por su parte, ha documentado cómo la precariedad financiera puede aumentar la dependencia de la publicidad oficial y privada y reducir la capacidad de los medios locales para investigar a quienes concentran poder económico o político.
Es aquí donde la crisis de la prensa deja de ser únicamente un problema de periodistas.
Cuando una redacción desaparece, una ciudad pierde capacidad de fiscalizar a su alcalde. Cuando una emisora deja de investigar por miedo, una comunidad pierde información sobre quienes controlan su territorio. Cuando un reportero abandona el país, también desaparecen fuentes, conocimiento acumulado y años de comprensión de una región.
Colombia conserva una prensa que resiste
El panorama colombiano no es uniforme. Continúan existiendo medios nacionales, regionales, comunitarios y digitales que investigan corrupción, violencia, medioambiente, derechos humanos y abuso de poder. Organizaciones de defensa de la libertad de expresión mantienen mecanismos de documentación y acompañamiento, mientras periodistas siguen publicando investigaciones incluso en territorios particularmente complejos.
Pero las cifras de 2024, 2025 y 2026 muestran que esa resistencia tiene un costo.
Más de dos mil agresiones documentadas en cuatro años. Cientos de amenazas. Periodistas desplazados y exiliados. Diez asesinatos contabilizados por la FLIP durante el periodo 2022-2026. Y dos periodistas cuya muerte fue registrada por UNESCO solo en los primeros meses de 2026.
La libertad de prensa en Colombia, entonces, no puede medirse únicamente por la existencia formal de medios de comunicación o por el número de periodistas que publican cada mañana.
También debe medirse por una pregunta mucho más incómoda: ¿qué historias están dejando de contarse porque quienes deberían investigarlas tienen miedo de hacerlo?